Cada uno de los miembros de la Cámara y todo el ecosistema que rodea a nuestra actividad estamos frente a una situación histórica: la energía eólica puede ser considerada y tratada como política de Estado, es decir se debe garantizar su permanencia en el tiempo mediante las decisiones legislativas y ejecutivas correspondientes para que luego tengan su correlato en la realidad.
De esta manera quien gobierna no desnaturaliza las iniciativas y la sociedad las adopta como parte de una política que trasciende la coyuntura. Este planteo no es sólo una expresión de deseo, sino que se basa en las verdaderas oportunidades que genera nuestro sector. La industria de energía eólica destinó más de US$ 4.300 millones de inversión directa para el desarrollo de nuevos parques en todo el territorio argentino. Es un sector que genera 10.200 GWh por año, equivalentes al consumo de más de 1,6 millones de hogares y logra una reducción de más de 2,5 millones de toneladas de CO2 en el mismo período por año.
El reciente informe elaborado por CIPPEC sobre el sector energético explica con claridad las oportunidades que se pueden generar: en principio se trata de una industria que representa más de 6% del PBI del país. Pero proyectado hacia el futuro mediato es además una posibilidad desarrollo económico y social. “Aprovechar los importantes recursos energéticos con los que cuenta Argentina favorecería la disponibilidad de energía de forma abundante y diversa, a precios competitivos y compatibles con los compromisos asumidos sobre el cambio climático, además de potenciar el desarrollo sostenible”, sostiene la investigación.
En este sentido creemos que la planificación energética implica una planificación industrial y encadena los sistemas productivos de la energía hacia la industria y la economía del conocimiento como elementos dinamizadores del cambio estructural y vectores de creación de empleo de calidad: se trata en definitiva de elementos necesarios para el desarrollo de un virtuoso círculo entre energía y desarrollo productivo.
Las oportunidades están tanto en la oferta como en la demanda. Hay suficiente consenso en los protagonistas del sector que el mercado corporativo hoy demanda energía renovable. Por motivos de costos y por no incorporar huella de carbono en la trazabilidad de sus productos y servicios, muchas compañías demandan hoy energía renovable.
En este sentido también nos permitimos pensar que el Mercosur podría ser una excelente plataforma para discutir la posibilidad de exportar energía eólica argentina a los países del conglomerado económico. En Sudamérica Argentina fue prácticamente el último país en desarrollar proyectos eólicos y eso trajo como beneficio entrar en la industria con mejor tecnología y mejores precios que debemos capitalizar.
A diferencia de la gran mayoría de los países de la región, Argentina cuenta con un complejo productivo con la capacidad de acompañar y aumentar la competitividad de la economía en el marco de la transición energética con diversas tecnologías de generación. La consideración de los impactos en la producción y el empleo en las decisiones de política energética se vuelve clave para definir la transición hacia energía renovables y que impacten de manera virtuosa en el desarrollo económico y social.
Todos los actores del sector energético saben que en las próximas tres décadas los hidrocarburos no convencionales y las energías renovables –en particular la eólica- serán vectores claves para el desarrollo productivo y tecnológico nacional.
En definitiva, tal como señala el informe de CIPPEC, la transición energética puede promover la generación de más de 34.000 empleos en la industria argentina, 44 mil empleos en la construcción, y agregar 8.400 millones de dólares de actividad en la próxima década si se sostiene el actual nivel de integración de componentes nacionales. Estos guarismos alcanzan los 68 mil millones de dólares de actividad económica generada y el equivalente al menos a 139 mil empleos industriales y 158 mil empleos en la construcción al 2050 sólo manteniendo los actuales niveles de integración productiva de la industria nacional.
Desde nuestra visión, sobran motivos para considerar a la energía eólica como una política de Estado y que pueda proyectarse en el tiempo. La promoción de la generación de energía a partir de fuentes renovables y sus distintas medidas de fomento tienen como premisa ampliar la participación de las energías limpias en la matriz energética nacional. Ese es el objetivo de la Cámara y todas nuestras acciones apuntan en ese sentido.
Hasta la próxima.